App Store

Google Play

SE - Details page - Device banner - 894x1036

Kliv in i en oändlig värld av stories

Lyssna när som helst, var som helst

Varios Autores

Los Decretos de Nueva Planta (o «plantilla»), llamados así en conjunto, suprimieron la mayor parte de los fueros de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, lo que tuvo importantes consecuencias políticas. Aparecen en la Novísima recopilación de las leyes de España en dos secciones distintas. Los primeros Decretos de Nueva Planta (Aragón, Valencia) figuraron en el libro III, referido al rey, como leyes promulgadas por él, tras las leyes generales (título II); se refieren a los llamados fueros provinciales (título III). Los últimos (Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña) fueron leyes de organización de los tribunales reales (chancillerías y audiencias, libro V), referidas a las nuevas Audiencias de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca respectivamente (títulos 7 a 10).
Los Decretos de Nueva Planta tienen una enorme actualidad política a ser considerados por los independentistas catalanes la base histórica de los recortes de la autonomía de Cataluña.

Linkgua

Leyes

Decretos de Nueva Planta

La presente Ley Fundamental de la República de la Gran Colombia fue redactada en el Congreso de Angostura (1819) y ratificada en el Congreso de Cúcuta (1821). Esta es la Constitución que instituye a Simón Bolívar como presidente de un país que comprendía a Panamá, Venezuela y Colombia. Al término del Congreso de 1821 se eligió a Bolívar presidente de la nueva república.
Francisco de Paula Santander quedó como vicepresidente. En agosto, Bolívar se fue en una contienda a Ecuador y Perú para expulsar a los españoles y dejó a Santander a cargo de la presidencia.
Bolívar recibió el título de «libertador». Su retrato se expuso en el salón de sesiones del Congreso con el lema «Bolívar, Libertador de Colombia y padre de la Patria».
La Ley Fundamental de la República de la Gran Colombia fue firmada por:

- el Presidente del Congreso, Francisco Antonio Zea;
- Juan Germán Roscio;
- Manuel Sedeño;
- Juan Martínez;
- José España;
- Luis Tomás Peraza;
- Antonio Nicolás Briceño;
- Eusebio Afanador;
- Francisco Conde;
- Diego Bautista Urbaneja;
- Juan Vicente Cardozo;
- Ignacio Muñoz;
- Ramón García Cádiz.
- Y el Diputado Secretario, Diego de Vallenilla.

Ley Fundamental de la República de la Gran Colombia

Juan Prim

Se llamó Código Negro a un conjunto de medidas de castigo para las personas de raza negra emitidas temporalmente en situaciones de emergencia. Los Códigos Negros se aplicaron en las colonias españolas. El presente se promulgó en Puerto Rico, por Juan Prim, entonces gobernador de la isla. Este código pretendió prevenir la rebeliones de esclavos.
El Código Negro de Prim seguía una larga tradición de medidas racistas y represivas en contra de la raza africana en Puerto Rico. En el año 1812, Salvador Meléndez y Bruna, entonces gobernador de Puerto Rico, prohibió el mero hecho de promover la abolición de esclavitud, entre otras represalias mucho más duras. Parecía existir un miedo a una rebelión o revolución masiva de negros.
El militar español Juan Prim fue nombrado capitán general de Puerto Rico en octubre de 1847. Su mando duró solamente hasta julio de 1848, pero fue suficiente para implementar un temible y terrible «Código Negro». Mediante duras represalias intentó impedir la rebelión de los esclavos puertorriqueños.
El Código negro de Prim autorizaba a los dueños de esclavos el castigarlos a su gusto, en casos de intento de escape, pues servía para
«evitar que los demás sigan su ejemplo».
El sistema tenía que proteger la supremacía blanca. Esto significa que todos los negros, no solamente los esclavos, estaban bajo control legal pues eran una amenaza. Prim comienza estableciendo penas a los delitos que
«cometan los individuos de raza africana residentes en la isla, sean libres o esclavos».
Esta primera referencia establece con claridad que no se trata de un sistema de control de los esclavos solamente. Los negros libres también estarían sometidos al control colonial.

Código Negro

El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822 pretendía dar una constitución formal a la nación aunque el Congreso de México no la aprobó. Estableció los primeros derechos individuales, entre ellos los de libertad, propiedad, seguridad e igualdad legal. A la vez, declaró a la Nación libre, independiente y soberana y reconocía «iguales derechos en las demás que habitan el globo».
El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano estaba conformado por un preámbulo y un articulado dividido en ocho secciones. Estas a su vez se dividían en capítulos y éstos en artículos, con excepción del artículo 25, el cual acogió las 15 bases contenidas del decreto imperial de 2 de noviembre de 1822.
Los artículos más relevantes fueron:

- Artículo 5.° La nación mexicana es libre, independiente y soberana: reconoce iguales derechos en las demás que habitan el globo; y su Gobierno es Monárquico Constitucional Representativo y Hereditario, con el nombre de Imperio Mexicano.
- Artículo 6.° Es uno e indivisible, porque se rige por unas mismas leyes en toda la extensión de su territorio, para la paz y armonía de sus miembros que mutuamente deben auxiliarse, a fin de conspirar la común felicidad.
- Artículo 7.° Son mexicanos, sin distinción de origen, todos los habitantes del Imperio, que en consecuencia del glorioso grito de Iguala han reconocido la independencia; y los extranjeros que vinieren en lo sucesivo, desde que con conocimiento y aprobación del Gobierno se presenten al ayuntamiento del pueblo que elijan para su residencia y juren fidelidad al emperador y a las leyes.
- Artículo 9.° El Gobierno mexicano tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos, garantiendo los derechos de libertad, propiedad, seguridad, igualdad legal, y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos.
- Artículo 11.° La libertad personal es igualmente respetada. Nadie puede ser preso ni arrestado, sino conforme a lo establecido por la ley anterior o en los casos señalados en este reglamento.
- Artículo 23.° El sistema del Gobierno político del Imperio Mexicano, se compone de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que son incompatibles en una misma persona o corporación.

Reglamento provisional político del Imperio Mexicano de 1822

La Constitución de Ecuador de 1861 fue la séptima constitución ecuatoriana y estuvo vigente desde 1861 hasta 1869. Fue promulgada por el presidente Gabriel García Moreno y consta de cinco títulos que abordan temas como la República del Ecuador y los ecuatorianos, los ciudadanos, la religión de la República, el Gobierno del Ecuador, las elecciones y el Poder Legislativo. La Constitución de 1861 fue reemplazada por la Constitución de 1869, que fue propuesta por el mismo presidente.

Constitución ecuatoriana de 1861

La Constitución mexicana de 1857 fue creada durante la Reforma Liberal de Benito Juárez y es considerada una de las constituciones más importantes de la historia de México. Esta constitución estableció la separación de poderes, la libertad de expresión y de religión, la abolición de la esclavitud y la igualdad ante la ley. También estableció la propiedad privada y la libertad de trabajo. La Constitución de 1857 fue reemplazada por la Constitución de 1917, que es la actual Constitución mexicana.

Constitución mexicana de 1857

El 25 de abril de 1974 el Movimiento de las Fuerzas Armadas (o Movimento das Forças Armadas) derribó el régimen fascista, coronando la larga resistencia del pueblo portugués e interpretando sus sentimiento profundos. Conocida con el nombre de Revolución de los claveles porque la población inundó las calles de Lisboa con claveles rojos que colocó en la boca de los fusiles del ejército, Portugal ponía punto final a sus 46 años de dictadura impuesta por el economista portugués, Antonio de Oliveira Salazar.
Liberar a Portugal de la dictadura, la opresión y el colonialismo representó el comienzo de una inflexión histórica de la sociedad portuguesa. La Revolución devolvió a los portugueses los derechos y libertades fundamentales. En ejercicio de estos derechos y libertades se reunieron los legítimos representantes del pueblo para elaborar una Constitución que correspondiese a las aspiraciones del país.
La Constitución portuguesa de 1976, aprobada como consecuencia de la Revolución democrática de 25 de abril de 1974, inspirada en ideales democráticos y socializantes, presenta en el ámbito económico-social un conjunto importante de disposiciones programáticas y preceptivas orientadas a la realización de una economía de bienestar y de justicia social, en el ámbito de un Estado social de Derecho.
La Constitución portuguesa de 1976 es la actual constitución de la República Portuguesa. Fue adoptada por la Asamblea Constituyente el 2 de abril de 1976 y entró en vigor el 25 de abril de 1976, aniversario de la Revolución de los Claveles. Está compuesta por 311 artículos y ha sido modificada en 7 ocasiones desde su entrada en vigor.

Constitución de la República Portuguesa del 2 de abril de 1976

La Ley Constitucional del 3 de febrero de 1934 fue una legislación importante en la historia de Cuba. Esta ley fue promulgada durante la etapa conocida como la República Mediatizada, que abarcó desde 1934 hasta 1940.
La Ley Constitucional del 3 de febrero de 1934 fue un intento de reformar la Constitución de 1901 y establecer un marco legal más democrático y equitativo en Cuba. Entre sus principales aspectos, esta ley estableció la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y garantizó derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación y de prensa.
Además, la ley reconoció la libertad sindical y los derechos de los trabajadores, promoviendo la creación de sindicatos y la negociación colectiva. También se establecieron reformas en el sistema electoral, ampliando el derecho al voto y estableciendo el sufragio universal masculino.
La Ley Constitucional del 3 de febrero de 1934 tuvo un impacto significativo en la vida política y social de Cuba. Sin embargo, su vigencia fue breve, ya que en 1940 se promulgó una nueva Constitución que estableció un marco legal más completo y duradero.
A pesar de su corta duración, la esta Ley sentó las bases para futuras reformas constitucionales en Cuba y contribuyó al avance de los derechos y libertades en el país.

Ley Constitucional del 3 de febrero de 1934

autores

La Ley Fundamental de 1959, también conocida como la Constitución de la República de Cuba de 1959, fue una legislación fundamental que estableció el marco legal y político de Cuba tras el triunfo de la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro.
La Ley Fundamental de 1959 fue promulgada el 7 de febrero de ese año y fue el resultado de los cambios políticos y sociales ocurridos en Cuba tras la caída del régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Esta legislación sentó las bases para la transformación del sistema político, económico y social de Cuba, estableciendo un modelo socialista.
La Ley Fundamental de 1959 estableció los principios fundamentales de la nueva república cubana, como la soberanía popular, la igualdad de todos los ciudadanos, la justicia social y la defensa de la independencia y la soberanía nacional. También se estableció un sistema de gobierno basado en el poder popular, con una Asamblea Nacional como órgano supremo de gobierno.
Esta ley también promovió importantes cambios en la estructura económica de Cuba, con la nacionalización de empresas y la implementación de políticas de redistribución de la riqueza y el desarrollo de sectores clave como la agricultura y la industria.
La Ley Fundamental de 1959 sentó las bases para el desarrollo del sistema político y social cubano durante décadas posteriores. Sin embargo, en 1976 se promulgó una nueva Constitución en Cuba, reemplazando la Ley Fundamental de 1959 y estableciendo un marco legal y político más completo y actualizado.

Cuba. Ley Fundamental de 1959

La Ley Orgánica del Estado Español de 1967 es un documento jurídico de enorme relevancia histórica y política. Firmada por el entonces Jefe de Estado, Francisco Franco, esta ley se constituyó como el marco legal que establecía las bases constitucionales y organizativas del Estado español durante una etapa clave del régimen franquista. Su publicación y análisis ofrecen una perspectiva única sobre la concepción de gobernanza y organización estatal en un período controversial de la historia de España.
La ley se promulgó en un contexto de dictadura militar bajo el régimen de Franco, una etapa marcada por la falta de libertades democráticas y civiles. En ese momento, España estaba internacionalmente aislada y el régimen buscaba formas de legitimar su existencia. Esta ley se presentó como un intento de institucionalizar el régimen franquista, proveyendo una estructura jurídica que formalizara su control sobre el Estado.
El texto aborda múltiples aspectos cruciales relacionados con la administración pública, el sistema judicial, los derechos y deberes de los ciudadanos, y la estructura del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Dada la época de su promulgación, también refleja las ideologías y los principios del régimen franquista, incluyendo una fuerte centralización del poder.
La relevancia de la La Ley Orgánica del Estado Español radica en su función como documento que buscaba consolidar el régimen de Franco. Ofrece un vistazo a cómo se intentó estructurar un Estado autoritario y centralizado, lo cual es crucial para entender la evolución política y social de España, especialmente en las décadas que llevaron a la transición democrática.
Al ser una ley orgánica, tenía un rango superior a las leyes ordinarias y requería una mayoría más amplia para su modificación. No obstante, dada la naturaleza del régimen de Franco, su implementación y modificación estaban fuertemente controladas por el poder ejecutivo.
Esta ley es de interés para académicos, estudiantes de derecho, ciencias políticas, historia, y para el público en general interesado en entender la historia reciente de España. Su estudio es especialmente relevante para comprender los desafíos y cambios que ocurrieron durante la transición a la democracia.
La Ley Orgánica del Estado Español de 1967 es un documento esencial para cualquier estudio serio sobre el régimen franquista y la historia política de España. Su publicación es una adición valiosa al catálogo de Linkgua Ediciones. Este documento tiene enorme un valor histórico, y también ofrece una oportunidad para examinar críticamente una etapa política compleja y controvertida en la historia de España.